Condena por estafa a familiar vulnerable y el aprovechamiento de la confianza familiar

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a tres años de cárcel a una mujer por estafar más de 75.000 euros a su tío octogenario. Según la sentencia emitida el pasado 22 de noviembre de 2024, la acusada aprovechó el deterioro cognitivo del anciano, fruto de una demencia vascular, para urdir un plan fraudulento que le permitió acceder a sus cuentas corrientes y fondos. La relación de confianza familiar fue clave para ejecutar este engaño, que incluyó el apoderamiento en las cuentas y la disposición unilateral de los bienes de la víctima.

Estrategia de aislamiento y control

La resolución judicial detalla cómo la condenada utilizó el aislamiento social de la víctima para consolidar el fraude. Al ser dado de alta en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, afirmó ante los servicios sociales que el anciano no contaba con familiares cercanos. Así, lo trasladó a vivir con ella y su esposo, impidiendo el contacto con el hijo del afectado, quien residía en el extranjero. Para justificar esta separación, argumentó que era decisión del propio octogenario.

Operaciones bancarias fraudulentas

Pocos días después de asumir el cuidado del anciano, la condenada lo llevó a una sucursal bancaria donde se realizaron varias operaciones fraudulentas:

• Cancelación de un depósito a plazo de 25.000 euros, perteneciente a una sociedad en la que el tío y su hijo eran socios únicos.
• Reintegro de 33.254 euros de la cuenta corriente de dicha sociedad, fondos que la condenada dispuso para su beneficio personal.

El tribunal subrayó que estas maniobras financieras respondían a un plan preconcebido, aprovechando el deterioro progresivo del anciano.

Formalización de poderes notariales

El 30 de septiembre de 2019, la acusada llevó al anciano a una notaría donde este, bajo su influencia, firmó dos escrituras públicas:

1. Un apoderamiento con amplias facultades a favor de la acusada.
2. La designación de la misma como tutora en caso de incapacidad.

Estas medidas incrementaron el control de la condenada sobre el patrimonio del anciano, facilitando posteriores reintegros y pagos con tarjeta de su cuenta corriente, alcanzando los 16.600 euros en efectivo y 16.942,3 euros en compras.

Continuación del plan tras institucionalización

En junio de 2020, la mujer ingresó al anciano en una residencia, pero continuó explotando sus recursos. Entre esa fecha y abril de 2021, realizó reintegros adicionales por 5.850 euros y pagos con tarjeta por 3.277,75 euros. Entre estos destacan gastos personales como el pago de 1.195 euros para una piscina, sin relación con el cuidado del afectado.

Resolución final

En enero de 2021, una sentencia de incapacitación del anciano designó a su hijo como tutor, anulando los poderes otorgados previamente a la acusada. Tras el fallecimiento del octogenario en abril de 2021, su hijo quedó como único heredero.
Además de la condena a prisión, la mujer deberá indemnizar con 43.020 euros al hijo de la víctima y con 33.254 euros a la sociedad afectada. La sentencia recalca la gravedad del quebrantamiento de los deberes de lealtad inherentes a la relación familiar.