Condena por falsificación de documentos

La Audiencia de Valladolid ha dictado una sentencia que condena al gerente y al comercial de una asesoría jurídica a siete meses de prisión cada uno, además de imponerles multas que ascienden a siete meses con cuotas diarias de 8 y 6 euros, respectivamente. Los delitos por los que fueron condenados incluyen la falsedad en documento mercantil y un intento de estafa procesal.

Detalles del caso

Los hechos se remontan a abril de 2021, cuando la denunciante se puso en contacto con un comercial de la asesoría, para que le asistiera con la presentación de sus declaraciones de impuestos como trabajadora autónoma. Tras llegar a un acuerdo verbal sobre el pago de una cantidad mensual por sus servicios, el acusado solicitó a la cliente su DNI y le pidió que obtuviera un certificado de firma digital de la Agencia Tributaria para poder realizar los trámites necesarios.

Durante el mismo mes, surgieron complicaciones con la declaración fiscal, lo que llevó a la cliente a decidir cambiar de gestor. Sin embargo, el comercial procedió a redactar un contrato escrito con fecha del 11 de abril de 2021, en el que se estipulaba que su empresa sería la proveedora de servicios de asesoría. Este documento incluía un pago mensual de 38,72 euros y una cláusula de penalización que la cliente desconocía. Posteriormente, el comercial firmó el contrato y falsificó tres firmas digitales de la denunciante sin su autorización.

Acciones legales y reclamaciones

A pesar de que la cliente rechazó los recibos correspondientes a las mensualidades, la asesoría continuó con el proceso de cobro y presentó una demanda, firmada por el gerente, quien estaba al tanto de la falsificación de las firmas. En la demanda, la empresa reclamaba a la denunciante un total de 944,4 euros por incumplimiento de contrato, utilizando como prueba el documento falsificado.

Fundamentos de la sentencia

El tribunal argumentó que el comercial actuó “con conciencia y voluntad de alterar la realidad” al confeccionar el contrato con las firmas simuladas, con el objetivo de utilizarlo en la reclamación de cantidades ante su cliente y, potencialmente, ante los tribunales. Además, se consideró que el gerente también era penalmente responsable, ya que se benefició de esta acción fraudulenta.

Los magistrados señalaron que el engaño era apto para inducir a error, dada la importancia del documento falsificado en el litigio relacionado con la reclamación de cantidades, ya que el contrato definía las obligaciones de ambas partes. Este comportamiento fraudulento fue considerado suficiente para influir en la percepción del juez sobre el caso.

Finalmente, el tribunal concluyó que, además del dolo genérico, los acusados actuaron con un ánimo de lucro, buscando obtener una ventaja patrimonial ilícita, lo que constituye un delito de estafa procesal en grado de tentativa.

Es importante destacar que la sentencia aún no es firme y puede ser objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.