En una reunión celebrada el 5 de noviembre de 2024, el Consejo de Ministros de España, por propuesta de diversos ministerios, declaró una zona gravemente afectada por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Esta situación de emergencia, conforme a la Ley 17/2015, impactó significativamente a comunidades autónomas como la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears, Cataluña y Aragón entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

Ayudas y subvenciones

Se habilitarán diversas ayudas para mitigar los daños personales y materiales, incluyendo viviendas, enseres, corporaciones locales y establecimientos comerciales e industriales. Estas subvenciones, reguladas por el Real Decreto 307/2005, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta para daños personales y se aplicarán bajo el principio de solidaridad interterritorial. Las ayudas no cubrirán reparaciones de infraestructuras municipales, salvo actuaciones urgentes que garanticen la seguridad pública y el funcionamiento de servicios esenciales.

Reparación de infraestructuras

Las entidades locales podrán recibir hasta el 50% del coste para proyectos de reparación de infraestructuras afectadas. Además, se facilitará la tramitación urgente de estos proyectos conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo una respuesta rápida ante la emergencia.

Contratación y logística

Se autoriza la contratación de obras y servicios de emergencia bajo procedimientos rápidos, incluyendo la ocupación temporal de bienes privados para facilitar las reparaciones necesarias. Empresas públicas como TRAGSATEC y MERCASA desempeñarán roles cruciales en la evaluación de daños y la distribución de ayuda alimentaria, respectivamente. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) también proporcionará material de emergencia y ayuda humanitaria.

Medidas adicionales

Se implementarán medidas laborales y de Seguridad Social para apoyar a los afectados, así como adaptaciones en la administración de justicia para gestionar la situación excepcional. Se creará una Comisión Interministerial presidida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encargada de coordinar las acciones de reconstrucción y reparación.

Las subvenciones podrán combinarse con otras ayudas públicas o privadas, aunque se ajustarán si superan el valor del daño. Además, se eximen ciertos requisitos administrativos para facilitar el acceso a las ayudas, como estar al corriente de obligaciones tributarias.

Impacto presupuestario y evaluación ambiental

Las medidas se financiarán conforme a la Ley General Presupuestaria, y se eximirá la evaluación de impacto ambiental para las obras de reparación necesarias, agilizando así la recuperación de las áreas afectadas.

Suspensión de procedimientos administrativos

Se suspenden plazos y términos administrativos para los residentes en las zonas afectadas, permitiendo una gestión más ágil y menos gravosa durante la emergencia, salvo en casos específicos como procedimientos de Seguridad Social.

En resumen, el Gobierno ha adoptado un enfoque integral para afrontar la emergencia causada por la DANA, combinando ayudas financieras, reparaciones de infraestructuras, apoyo logístico y medidas administrativas para garantizar una rápida recuperación de las zonas afectadas.