Contexto del caso y antecedentes

En el presente asunto, el Tribunal Supremo ha anulado una sanción tributaria impuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a un contribuyente, quien fue sancionado por infracción tributaria en relación con una supuesta falsificación de facturas emitidas por un proveedor. La controversia giraba en torno a la utilización de indicios por parte de la AEAT para justificar tanto la liquidación como la sanción impuesta, lo que llevó a una disputa que alcanzó al Tribunal Supremo, quien resolvió el caso en favor del contribuyente en lo que respecta a la sanción.

El contribuyente y su esposa eran propietarios de una sociedad. Entre los ejercicios fiscales de 2011 a 2014, la AEAT investigó los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido de la sociedad y determinó que las facturas presentadas por un proveedor, carecían de sustento real, dado que éste no poseía los recursos necesarios para prestar los servicios facturados. Como resultado de esta inspección, la AEAT determinó que los pagos retornaban al contribuyente y su esposa, considerando que debían tributar como rendimientos de capital mobiliario en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Simultáneamente, se desarrolló un proceso penal contra el proveedor por falsedad documental, en el cual fue finalmente absuelto, concluyendo que aunque existía actividad comercial, esta no correspondía al volumen declarado. Pese a la absolución en la vía penal, la AEAT mantuvo la sanción impuesta al contribuyente. Tras la desestimación de su recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, contribuyente acudió al Tribunal Supremo solicitando la anulación de la sanción en atención a la sentencia penal.

Fundamentos de la decisión del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso del contribuyente, manteniendo la liquidación pero anulando la sanción tributaria. La decisión se sustentó principalmente en tres pilares:

1. Principio de culpabilidad en materia sancionadora

   La Ley General Tributaria establece en su artículo 179 que para imponer una sanción es imprescindible demostrar la culpabilidad. En el presente caso, la AEAT basó su sanción en una cadena de indicios o "doble presunción", lo cual, a juicio del Tribunal, no alcanzaba el nivel de certeza necesario para justificar una sanción administrativa. La sentencia penal absolutoria del proveedor, que establecía la existencia de una actividad comercial real, aunque no del volumen declarado, desvirtuaba en parte los indicios utilizados por la AEAT, lo que generaba una incertidumbre suficiente para anular la sanción por falta de culpabilidad probada.

2. Uso de pruebas indiciarias en materia tributaria

   El Tribunal Supremo recuerda que, si bien las pruebas basadas en indicios son admitidas en el ámbito administrativo sancionador, estas deben sustentarse en hechos probados y deben cumplir con un estándar de solidez y certeza. En este caso, los indicios aportados por la AEAT no lograron superar dicho umbral de prueba. La existencia de un proceso penal relacionado que concluyó en absolución reforzaba la falta de certeza sobre la culpabilidad del contribuyente en relación con la infracción tributaria imputada.

3. Vinculación entre la jurisdicción penal y la contencioso-administrativa

   Aunque la jurisdicción contencioso-administrativa no está vinculada de manera estricta por las decisiones de la jurisdicción penal, el Tribunal Supremo subrayó que una absolución penal, como la que tuvo lugar en este caso, crea un contexto que afecta la posibilidad de imponer sanciones administrativas. La sentencia penal que absolvía al proveedor generaba dudas sobre la validez de los indicios que sostenían la sanción, lo que, en consecuencia, imposibilitaba mantener dicha sanción sin contar con una base más sólida.

Jurisprudencia aplicada

El Tribunal Supremo, para justificar su decisión, se refirió a precedentes jurisprudenciales, especialmente, en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Saquetti c. España (2020). En este fallo, el TEDH estableció la importancia de la revisión judicial efectiva de las sanciones administrativas que tienen naturaleza penal, reforzando el derecho del contribuyente a una tutela judicial efectiva.

Conclusión

El Tribunal Supremo concluyó que la sanción tributaria impuesta debía ser anulada, en virtud del principio de culpabilidad y la insuficiencia de los indicios utilizados para sostener dicha sanción, especialmente tras la absolución en el proceso penal del proveedor. Sin embargo, mantuvo la liquidación tributaria, ya que la existencia de una actividad comercial, aunque no en el volumen declarado, fue probada en el proceso penal.