Una reciente resolución refleja a posibilidad de que una empresa licite en procesos públicos a pesar de haber recibido previamente fondos públicos.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que se establece que las empresas que obtienen financiamiento del Estado pueden participar en procesos de licitación para contratos públicos, compitiendo con entidades privadas, sin vulnerar el principio de libre competencia.

La resolución indica que sólo se puede excluir a una entidad financiada con fondos públicos de un proceso de licitación si presenta una oferta anormalmente baja debido a recibir ayudas estatales no autorizadas o si recibe subvenciones ilegales. Además, destaca que una contabilidad separada para las actividades en el "mercado privado" y las demás actividades es un aspecto fundamental para descartar interferencias en la competencia.

La sentencia, dictada por el magistrado Diego Córdoba, ratifica la concesión de un contrato al Institut Cartografic i Geologic de Catalunya (ICGC), una entidad pública catalana, para la captura de imágenes aéreas en 28 ayuntamientos de Galicia, con el propósito de desarrollar la cartografía para los Planes Básicos Municipales.

El desarrollo de los hechos

Es importante mencionar que el ICGC, después de presentar su propuesta, fue el adjudicatario de un lote. Sin embargo, una empresa rival impugnó el fallo solicitando la exclusión de las ofertas del Instituto. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia desestimó la apelación, argumentando que la entidad podía participar y ser la adjudicataria al ser un "operador económico" y no poder ser excluida por su destacada participación pública. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirma la decisión, de modo que respalda la resolución administrativa.

El reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo esclarece las normas de competencia en procedimientos de licitación, garantizando que las empresas del Estado puedan competir en igualdad de condiciones con las compañías privadas, manteniendo la integridad del mercado.