El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha decidido no conceder la incapacidad permanente solicitada a una auxiliar administrativa de 46 años que padece de artritis seronegativa, a pesar de que la enfermedad afecta a todas sus articulaciones y requiere el uso de una silla de ruedas para movilizarse. Esta decisión fue originalmente rechazada por un Juzgado Social de Toledo, y la administrativa recurrió en suplicación, argumentando principalmente en dos frentes: la revisión de hechos probados y la revisión del derecho aplicado, incluyendo la dependencia de una silla de ruedas eléctrica y las limitaciones en su puesto de trabajo.

Incapacidad permanente solicitada | «la existencia de un cierto grado de discapacidad no lleva asociado el reconocimiento de una invalidez en cualquiera de sus grados

El tribunal de lo social nº 4 de Toledo había denegado la incapacidad en grado de gran invalidez solicitada por la parte actora. Se argumentó que, aunque la demandante presentó un informe detallando la gravedad de su situación y su dependencia para realizar actividades esenciales, el tribunal concluyó que es autónoma en diversas actividades diarias y puede desplazarse en una silla de ruedas autopropulsada y conducir un vehículo adaptado, lo que no justifica la incapacidad permanente. Además, se considera que las limitaciones en el trabajo o la dificultad para superar obstáculos en la vía pública no son razones suficientes para otorgar la incapacidad.

No se presenta un error claro en la valoración que justifique modificar el fallo

Durante la revisión de los hechos probados, se rechazaron las modificaciones solicitadas respecto a las condiciones laborales y la necesidad de ayuda constante para actividades como la alimentación y la higiene personal, argumentando que no se presenta un error claro en la valoración que justifique modificar el fallo. En cuanto a la revisión jurídica, el recurso también impugna la interpretación y aplicación del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), enfatizando que el concepto de gran invalidez implica una incapacidad para realizar los actos más esenciales de la vida sin ayuda de terceros, lo cual debe demostrarse de manera concreta.

Fallo del Tribunal Superior de Justicia

La demandante es "sustancialmente independiente" en su vida personal y social, a pesar de necesitar ayuda en ciertas actividades

El tribunal subrayó que la existencia de discapacidad no implica automáticamente el reconocimiento de invalidez en cualquiera de sus grados, puesto que son valoraciones independientes. Consideran que la demandante es "sustancialmente independiente" en su vida personal y social, a pesar de necesitar ayuda en ciertas actividades. Tras evaluar los argumentos presentados y aplicar el marco jurídico relevante, el tribunal decide mantener la sentencia original, concluyendo que no se demuestra la necesidad de ayuda de terceros con la intensidad y extensión necesarias para justificar la gran invalidez. Como resultado, se mantiene la decisión inicial, aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.