Discriminación laboral por exigir cofia exclusivamente a mujeres

04/11/2026

Una cofia que cuesta 25.000 euros a la empresa

Una empresa de catering de Valencia deberá hacer frente a una sanción de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema que no exigía a sus empleados varones. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado que esta diferencia en la vestimenta constituye una discriminación directa por razón de sexo, al responder exclusivamente a motivos estéticos o de imagen y carecer de justificación objetiva.

La polémica comenzó con el uniforme femenino

El conflicto se originó en julio de 2022, cuando la mercantil decidió incorporar una prenda adicional al uniforme de sus empleadas para determinados eventos de gala. La obligación afectaba únicamente al personal femenino, sin establecer una exigencia equivalente para los hombres.

La situación llegó a la Inspección de Trabajo, que en enero de 2023 levantó acta de infracción al apreciar una falta muy grave. Posteriormente, la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana confirmó la infracción e impuso una sanción económica de 25.000 euros.

La empresa decidió recurrir la resolución administrativa, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda y mantuvo la multa.

Dieciocho empleadas fueron sancionadas

Uno de los episodios más relevantes del caso fue la reacción de la empresa ante la negativa de varias trabajadoras a utilizar la diadema.

En concreto, la compañía sancionó a 18 empleadas por no llevar la prenda durante tres eventos de gala. Sin embargo, días después, cuando ya había recibido la citación para comparecer ante la Inspección de Trabajo, dejó sin efecto las sanciones y comunicó al comité de empresa que suspendía temporalmente la utilización de la cofia.

El juzgado consideró que estos hechos acreditaban la imposición injustificada de una prenda exclusivamente femenina y fundamentó la sanción en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que tipifica como muy graves determinadas decisiones empresariales discriminatorias.

El tribunal descarta las razones estéticas

La empresa presentó un recurso de suplicación, pero la Sala de lo Social del TSJCV ha confirmado la sentencia de primera instancia en una resolución dictada el 22 de septiembre.

Los magistrados consideran probado que la obligación afectaba únicamente a mujeres, que no existía una alternativa equivalente para los hombres y que la compañía no acreditó una finalidad legítima, objetiva y proporcionada que justificase la diferencia.

La resolución también recoge la doctrina del Tribunal Supremo sobre uniformes diferenciados por sexo: una indumentaria femenina específica, impuesta sin alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.

Además, el tribunal señala que la falta de intencionalidad discriminatoria no resulta determinante cuando se ha acreditado una diferencia directa de trato por razón de sexo.

Un límite a las decisiones empresariales

El pronunciamiento judicial pone de manifiesto que la imagen corporativa no permite establecer cualquier exigencia de vestimenta. Las empresas deben garantizar que sus normas de uniformidad respeten la igualdad entre trabajadores y trabajadoras.

La multa de 25.000 euros queda confirmada, aunque la resolución todavía puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

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