Reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial: prohibiciones

20/10/2026

Simplificar sin rebajar la protección: análisis doctrinal de la reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial

La reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial plantea una cuestión de fondo en el Derecho de la Unión. Es posible simplificar un régimen de riesgos sin reducir su nivel de protección. El Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026, conocido como «Ómnibus digital sobre IA», responde con una técnica mixta. Modifica el Reglamento (UE) 2024/1689 y, en menor medida, los Reglamentos de aviación civil y de máquinas. Este análisis examina esa respuesta desde sus categorías jurídicas principales.

Planteamiento: la reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial como reforma de método

El objetivo declarado del Ómnibus es una aplicación efectiva, sencilla y uniforme del marco europeo de IA, sin rebajar el nivel de protección. Esa formulación contiene tres notas: efectividad, sencillez y uniformidad. Las tres se proyectan sobre la ejecución del Reglamento más que sobre su finalidad protectora.

El origen del problema es temporal. El Reglamento (UE) 2024/1689 tenía un calendario escalonado y sus obligaciones empezaron a desplegarse antes de que estuvieran disponibles las herramientas necesarias.

Faltaban normas técnicas, estructuras nacionales de gobernanza e instrumentos de evaluación de la conformidad. Los considerandos 1 a 4 identifican expresamente ese desfase. Lo conectan con una carga regulatoria mayor de la esperada y con riesgo de solapamientos e interpretaciones divergentes. También con la necesidad de vías de cumplimiento más claras.

Simplificación y control en la reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial

La reforma combina dos líneas de actuación que parecen opuestas. La primera es la simplificación y la proporcionalidad. Busca evitar duplicidades con la legislación sectorial y facilitar la documentación a operadores pequeños. Persigue también agilizar la designación de organismos notificados y ampliar la experimentación regulada.

La segunda es el ajuste material y el refuerzo del control. Incluye nuevas prácticas prohibidas, más capacidad de la Oficina de IA para investigar y sancionar y más cooperación con las autoridades de derechos fundamentales.

La combinación explica que no estemos ante una mera depuración técnica. La reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial es una reforma estructural del Reglamento de IA. Alivia la carga donde el riesgo ya está cubierto o es menor y endurece la respuesta donde el riesgo es más sensible.

Integración sectorial: protección equivalente sin exención general

La primera categoría es la relación entre el Reglamento de IA y la legislación de armonización de productos. El considerando 5 formula una de las ideas centrales de la reforma. La legislación del anexo I, sección A, puede ofrecer una protección equivalente o superior. En ese caso, debe poder limitarse la aplicación de algunos requisitos del Reglamento de IA.

La técnica elegida condiciona esa limitación. No opera de forma automática, sino mediante actos delegados.

El mecanismo del artículo 2.13

El nuevo artículo 2.13 obliga a la Comisión a concretar los sistemas afectados, los requisitos limitables y sus condiciones. El plazo termina el 2 de agosto de 2027.

La medida afecta a las obligaciones de los artículos 9 a 15 y 17 a 25 para sistemas de alto riesgo del artículo 6.1. Exige protección sectorial equivalente o superior y no puede reducir el nivel global de protección.

El texto descarta dos lecturas posibles. No se establece una primacía general de la regulación sectorial ni una exención horizontal. Hasta que existan los actos delegados, el operador no puede invocar una dispensa genérica.

El régimen de la sección B

La sección B del anexo I recibe un tratamiento diferenciado. El artículo 2.2 se reformula para los sistemas de alto riesgo vinculados a esos productos. A ellos solo se aplican directamente el artículo 6.1, el nuevo artículo 60 bis y los artículos 102 a 112.

Los artículos 57 a 59 regulan los espacios controlados de pruebas. Solo se aplican si los requisitos de alto riesgo se han integrado en la normativa sectorial. Esta regla gana peso tras el traslado del Reglamento de máquinas a la sección B.

Máquinas y aviación civil como casos de aplicación

El Reglamento (UE) 2023/1230 de máquinas pasa a la sección B del anexo I. Los requisitos de IA se integrarán en su anexo III mediante actos delegados, aplicables a más tardar el 2 de agosto de 2028.

Mientras no existan normas propias, rige una presunción transitoria. Cumplir las normas armonizadas del Reglamento de IA permitirá presumir el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad en materia de IA.

En aviación civil, la modificación del Reglamento (UE) 2018/1139 tiene carácter técnico. Obliga a tener en cuenta los requisitos de IA de alto riesgo al adoptar actos sectoriales, sin crear un procedimiento paralelo.

La delimitación del alto riesgo: un criterio funcional

La segunda categoría es la propia noción de alto riesgo. La reforma la precisa mediante un criterio funcional y no meramente tecnológico.

El artículo 3.14 redefine el «componente de seguridad». Lo vincula a una función de seguridad prevista o a un fallo que ponga en peligro la salud y la seguridad de personas o bienes.

Existe función de seguridad cuando la finalidad prevista del sistema es prevenir o mitigar esos riesgos. Así, la mera integración de IA en un producto regulado no activa automáticamente el régimen de alto riesgo.

Las exclusiones del artículo 6

Los nuevos apartados 1 bis a 1 quater del artículo 6 buscan reducir los falsos positivos. Como regla, no son componentes de seguridad los sistemas usados exclusivamente para asistencia al usuario u optimización del rendimiento o la eficiencia del servicio. Tampoco los usados para automatización o comodidad ni para control de calidad no relacionado con la seguridad.

La excepción preserva el núcleo protector. Si el fallo o defecto del sistema puede poner en peligro la salud o la seguridad, sí se considera componente de seguridad.

Tampoco se cumple la condición del artículo 6.1.b cuando el producto solo requiere evaluación de terceros por riesgos ajenos a la salud y la seguridad. Es el caso de ciertos riesgos del espectro radioeléctrico o de interferencias electromagnéticas.

Proporcionalidad: de las obligaciones de resultado a los deberes de medios

La tercera categoría es la proporcionalidad. La reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial la plasma en la alfabetización, en la gestión de la calidad y en el régimen de multas.

La alfabetización en IA

El nuevo artículo 4 revisa la intensidad de la obligación. Antes se exigía garantizar un «nivel suficiente», algo que podía resultar desproporcionado, sobre todo para pequeñas empresas.

Ahora, proveedores y responsables del despliegue deben adoptar medidas para apoyar la promoción de la alfabetización en IA. Han de ponderar conocimientos, experiencia, formación, contexto de uso y colectivos afectados. La norma aclara que no se exige garantizar un nivel concreto de alfabetización de cada persona.

Desde la perspectiva de compliance, el foco pasa a un programa razonable y proporcionado. Puede incluir formación por perfiles, políticas de uso, guías internas y documentación de riesgos. La Comisión publicará ejemplos prácticos y el Consejo de IA formulará recomendaciones.

El tratamiento de las pymes

La reforma incorpora definiciones expresas de pyme y de pequeña empresa de mediana capitalización. Remite a la Recomendación 2003/361/CE y a la Recomendación (UE) 2025/1099.

Prevé una documentación técnica simplificada, mediante un formulario de la Comisión que los organismos notificados deberán aceptar. Prevé también una gestión de la calidad proporcionada, adaptada al tamaño de la organización sin rebajar su rigor.

Añade acceso prioritario a los espacios controlados de pruebas de la Oficina de IA y orientación específica de las autoridades nacionales. Para las pequeñas empresas de mediana capitalización se aplica, en materia de multas, el menor entre el porcentaje y el importe máximo.

Estas medidas no eliminan los requisitos sustantivos de seguridad y derechos fundamentales. Permiten adaptar la forma de cumplir a la capacidad del operador.

Derechos fundamentales: datos sensibles y nuevas prohibiciones

La cuarta categoría es la protección de los derechos fundamentales. La reforma actúa en dos direcciones: facilita el tratamiento de datos para corregir sesgos y prohíbe usos especialmente lesivos.

Categorías especiales de datos y corrección de sesgos

El nuevo artículo 4 bis unifica y amplía una base jurídica específica. Permite tratar categorías especiales de datos personales para detectar y corregir sesgos.

Antes se vinculaba a los proveedores de sistemas de alto riesgo. Ahora se extiende, con garantías equivalentes, a los responsables del despliegue de esos sistemas y a otros sistemas y modelos de IA.

En estos últimos casos, el tratamiento solo cabe si es estrictamente necesario para evitar ciertos sesgos. Son los que previsiblemente afecten a la salud y la seguridad, a los derechos fundamentales o generen discriminación prohibida.

El legislador compensa la ampliación con garantías acumulativas. El tratamiento solo procede si la finalidad no puede alcanzarse con datos sintéticos o anonimizados. Exige pseudonimización y técnicas avanzadas de seguridad y privacidad, y un acceso estricto y registrado, sin transmisión a terceros.

Los datos se suprimen una vez corregido el sesgo o agotado el plazo de conservación. Y el registro de actividades de tratamiento debe contener una motivación específica.

En los sistemas sin obligación específica de gestión de datos de alto riesgo, el artículo 4 bis.2 habilita el tratamiento. Pero no crea una obligación general de detectar y corregir sesgos.

Las nuevas prácticas prohibidas

La reforma añade dos letras al artículo 5.1. Prohíben sistemas que generen o manipulen material íntimo no consentido y material o espectáculos de abusos sexuales de menores.

La regulación distingue entre proveedor y responsable del despliegue. Para el proveedor, la prohibición se activa si generar ese material es la finalidad prevista del sistema. También si el resultado es razonablemente previsible y reproducible sin cambios técnicos sustanciales y faltan salvaguardias adecuadas.

Para el responsable del despliegue, la prohibición exige usar el sistema con la finalidad de generar o manipular el material prohibido.

El Reglamento cita varias medidas preventivas, como la depuración de datos o el entrenamiento de rechazo. También el diseño seguro de prompts, los controles de salida, el filtrado y las restricciones de uso. Y los mecanismos de detección y notificación de abusos.

La prohibición sobre material íntimo se limita a representaciones realistas de personas físicas identificables. Exige ausencia de consentimiento libre, específico, informado, inequívoco y explícito.

Quedan fuera ciertos usos médicos lícitos y las representaciones no realistas. Tampoco hay manipulación si el cambio no incrementa la exposición de partes íntimas ni altera la naturaleza de la actividad sexual representada.

La regulación se coordina con las Directivas 2011/93/UE y (UE) 2024/1385. Y recuerda el principio non bis in idem cuando la misma conducta pueda acarrear también sanción penal.

Centralización selectiva de la supervisión

La quinta categoría es la arquitectura institucional. La reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial refuerza a la Oficina de IA con una competencia exclusiva limitada a supuestos concretos.

Ámbito de competencia

La Oficina asume determinados sistemas basados en modelos de uso general cuando modelo y sistema proceden del mismo proveedor o empresa. También sistemas que constituyan o estén integrados en plataformas en línea o motores de búsqueda de muy gran tamaño. La finalidad es evitar la fragmentación en la supervisión de sistemas transfronterizos.

Poderes de investigación y sanción

Los nuevos artículos 75 bis a 75 quinquies equiparan la Oficina a una autoridad de vigilancia del mercado. Puede requerir información, inspeccionar a distancia o in situ, acceder a sistemas, precintar y exigir la conservación de datos.

Puede además aceptar compromisos vinculantes, declarar incumplimientos e imponer medidas correctoras y multas. Las multas coercitivas pueden alcanzar, cuando proceda, hasta el 5 % diario. Se calculan sobre los ingresos diarios medios o el volumen de negocios anual mundial del ejercicio anterior.

Garantías y control judicial

Se regulan garantías procedimentales y el acceso al expediente. El Tribunal de Justicia tiene plena jurisdicción para anular, reducir o incrementar las multas.

Evaluación de la conformidad y capacidad del mercado

La sexta categoría es la infraestructura de evaluación. La reforma pretende hacerla más racional sin rebajar los requisitos de independencia y competencia.

Los artículos 28 y 29 crean una solicitud única y un procedimiento unificado. Se aplican a organismos que deban designarse bajo el Reglamento de IA y bajo legislación sectorial de la sección A. El nuevo anexo XIV crea una taxonomía de códigos para delimitar la designación.

Distingue códigos verticales para productos (AIP) y sistemas biométricos (AIB), y códigos horizontales tecnológicos (AIH), entre ellos la IA generativa y la IA agente.

El artículo 43.3 integra los requisitos de IA en el procedimiento sectorial de evaluación. Y aclara que la clasificación de alto riesgo no obliga por sí sola a una evaluación de terceros. Si la normativa sectorial admite un procedimiento basado en normas armonizadas sin organismo notificado, puede seguirse esa vía.

Los organismos sectoriales que evalúen temporalmente requisitos de IA deberán solicitar su designación antes del 28 de enero de 2028.

El artículo 42 incorpora una presunción de conformidad en ciberseguridad. Si el sistema cumple las condiciones del Reglamento de Ciberresiliencia, se presumen cumplidos los requisitos del artículo 15 del Reglamento de IA. El artículo 40 obliga a solicitar documentos de normalización que permitan cumplir conjuntamente el Reglamento de IA y la normativa sectorial.

Experimentación regulada

Cada Estado miembro deberá tener al menos un espacio controlado de pruebas nacional operativo antes del 2 de agosto de 2027. La Oficina de IA podrá crear otro a escala de la Unión para los sistemas bajo su competencia.

La prueba en condiciones reales fuera de esos espacios se extiende a sistemas de alto riesgo del anexo I, sección A. El nuevo artículo 60 bis permite marcos nacionales de prueba para productos de la sección B, con plan obligatorio y alta protección de derechos.

Otros ajustes de simplificación

Otros ajustes completan el cuadro. El artículo 25 obliga al proveedor inicial a cooperar con quien pase a ser proveedor del sistema. La excepción es que haya indicado que no debe transformarse en alto riesgo.

El artículo 27 permite integrar la evaluación de impacto con la evaluación de impacto en protección de datos, para evitar duplicaciones. El artículo 50 prioriza los códigos de buenas prácticas sobre detección y marcado de contenido sintético.

El artículo 72 sustituye un modelo obligatorio de vigilancia poscomercialización por orientaciones. Estas deben publicarse antes del 2 de septiembre de 2027.

Seguridad jurídica: calendario y régimen transitorio

La última categoría es la seguridad jurídica. La reforma reordena los plazos de aplicación en un calendario con varios hitos.

El 27 de julio de 2026 entra en vigor el Reglamento (UE) 2026/1744 y se aplican los artículos 102 a 110 del Reglamento de IA. El 2 de diciembre de 2026 se aplican las nuevas prohibiciones. Es también el límite para adaptar al marcado del artículo 50.2 los sistemas generativos comercializados antes del 2 de agosto de 2026.

El 2 de agosto de 2027 es el límite para los actos delegados del artículo 2.13. Lo es también para tener un espacio controlado de pruebas nacional operativo.

El 2 de diciembre de 2027 se aplican las obligaciones de alto riesgo a los sistemas del artículo 6.2 y del anexo III. El 2 de agosto de 2028 se aplican a los sistemas del artículo 6.1 y del anexo I. Y el 2 de agosto de 2030 es la fecha máxima de adaptación para sistemas de alto riesgo usados por autoridades públicas.

El régimen transitorio

Los sistemas de alto riesgo ya comercializados solo quedan sujetos al nuevo régimen si sufren cambios significativos de diseño.

La primera unidad de un tipo y modelo puede haberse introducido legalmente antes de la fecha relevante. En ese caso, las demás unidades se benefician de la transición mientras el diseño no cambie.

Conclusión sobre la reforma del Reglamento de Inteligencia Artificial

El resultado es un Reglamento de IA más coordinado con la legislación sectorial y potencialmente menos duplicativo. Pero también más complejo en lo institucional.

Parte de las obligaciones se desplaza a actos delegados, orientaciones, normas armonizadas y mecanismos de cooperación. El régimen definitivo no podrá reconstruirse solo con el texto consolidado del Reglamento.

El aplazamiento de las obligaciones de alto riesgo no debe interpretarse como un período de inactividad. Entre 2026 y 2028, los proveedores deberán cerrar clasificación, documentación, contratos, gestión de riesgos y calidad y evidencias de conformidad.

La reforma combina simplificación con un refuerzo en áreas sensibles. Las nuevas prohibiciones, el tratamiento de datos para corregir sesgos y la potestad sancionadora de la Oficina de IA lo demuestran.

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