La reforma redefine el modelo de mutualidades

Un nuevo escenario para los profesionales colegiados

La reforma aprobada mediante la Ley 2/2026, de 29 de julio, abre una nueva etapa para los profesionales que desarrollan su actividad a través de mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La modificación de la Ley General de la Seguridad Social persigue reforzar la protección de estos colectivos mediante una combinación de mayores garantías para las mutualidades y una nueva vía de acceso al sistema público.

El legislador pretende corregir las diferencias que, durante años, han existido entre las prestaciones ofrecidas por determinadas mutualidades y las reconocidas por la Seguridad Social, especialmente en materia de jubilación.

La pasarela al RETA centra la reforma

La principal novedad consiste en la creación de una transferencia excepcional y voluntaria de los derechos económicos acumulados en las mutualidades hacia la Tesorería General de la Seguridad Social.

Este mecanismo permitirá que los importes transferidos se conviertan en períodos de cotización dentro del RETA. No obstante, la ley insiste en que la conversión dependerá del valor económico acumulado y de la metodología que se establezca reglamentariamente, por lo que no existirá una equivalencia automática entre los años cotizados en la mutualidad y los reconocidos por la Seguridad Social.

Además, el ejercicio de esta opción tendrá carácter irreversible y supondrá el encuadramiento definitivo del profesional en el régimen público respecto de la actividad correspondiente.

Nuevas obligaciones para las mutualidades

La norma también incrementa las exigencias impuestas a las mutualidades alternativas. Las aportaciones deberán aproximarse progresivamente a las cotizaciones del RETA y las prestaciones mínimas se elevarán hasta alcanzar niveles más próximos a los previstos en el sistema público.

Junto a ello, las entidades estarán obligadas a remitir información periódica sobre la situación de los fondos de cada mutualista, la evolución de sus derechos económicos y la estimación de las prestaciones futuras, reforzando así la transparencia del sistema.

Pendientes de la regulación definitiva

Aunque la ley establece el marco general de la reforma, numerosos aspectos continúan pendientes de concreción. El reglamento deberá definir la fórmula de conversión de los derechos económicos, el procedimiento para solicitar la pasarela y los requisitos aplicables a cada supuesto.

Por ello, el alcance real de esta reforma solo podrá evaluarse cuando se apruebe ese desarrollo reglamentario, momento en el que los mutualistas dispondrán de la información necesaria para valorar las consecuencias de una decisión que tendrá efectos permanentes sobre su futura protección social.