Ajustes en política energética

Naturaleza y alcance de la norma

El Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, establece un conjunto de medidas urgentes orientadas a la gestión de la crisis energética derivada del contexto internacional. La norma mantiene parte de las disposiciones adoptadas en fases anteriores, introduciendo ajustes en su aplicación temporal y en su alcance sectorial.

El instrumento normativo utilizado se ampara en el artículo 86 de la Constitución Española, que permite la aprobación de reales decretos-leyes cuando concurre una situación de extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno justifica esta utilización en la persistencia de tensiones en los mercados energéticos y en la necesidad de garantizar la estabilidad económica.

La norma responde a una lógica de continuidad regulatoria, evitando la interrupción brusca de medidas previamente implantadas, especialmente en ámbitos sensibles como la energía y el transporte.

Energía y sistema eléctrico

El decreto-ley introduce modificaciones en el régimen jurídico del sistema eléctrico, con el objetivo de reforzar su capacidad de adaptación a un modelo energético basado en fuentes renovables.

Entre las principales medidas se incluyen ajustes en la Ley del Sector Eléctrico para mejorar la gestión del sistema, favorecer el almacenamiento energético y optimizar la integración de energías renovables.

Asimismo, se contemplan disposiciones específicas para sistemas eléctricos no peninsulares, donde se revisa el régimen de determinadas instalaciones estratégicas con el fin de garantizar la continuidad del suministro.

Movilidad eléctrica y transición

En materia de movilidad eléctrica, la norma introduce modificaciones relativas a la instalación de infraestructuras de recarga en estaciones de servicio. Estas medidas tienen por objeto facilitar el despliegue de una red suficiente para atender el incremento del parque de vehículos eléctricos.

La regulación se enmarca en los objetivos de transición energética y reducción de emisiones, establecidos en la normativa climática vigente. Su finalidad es acelerar la transformación del sistema de transporte hacia modelos menos dependientes de combustibles fósiles.

Fiscalidad energética

En el ámbito tributario, el Real Decreto-ley mantiene la reducción temporal del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable a determinados carburantes durante el tercer trimestre de 2026.

Estas medidas tienen carácter temporal y están condicionadas a la evolución de los precios energéticos. Su finalidad es moderar el impacto económico sobre consumidores y sectores productivos.

Sectores afectados y medidas de apoyo

La norma mantiene ayudas dirigidas a sectores especialmente sensibles a la evolución del coste energético, entre los que se encuentran el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca.

En el caso del transporte por carretera, se preservan ayudas vinculadas al consumo de gasóleo profesional, configurando un sistema de compensación directa para los operadores del sector.

Seguimiento y adaptación

El Real Decreto-ley incorpora mecanismos de seguimiento de precios y prevé la posibilidad de ajustar o reactivar medidas en función de la evolución del mercado energético.