Condena confirmada para ex tesorera de AMPA por apropiación indebida y falsedad documental
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado la condena a la extesorera de una Asociación de Madres y Padres (AMPA) de Zaragoza por delitos de falsedad documental y apropiación indebida, sentenciándola a más de tres años de prisión y a indemnizar al AMPA del Colegio Público José Camón Aznar con 60.265,78 euros.
Esta decisión se sostiene tras rechazar el recurso de apelación de la defensa, que argumentaba errores en la apreciación de los hechos. Los magistrados confirmaron la ausencia de errores y destacaron la manipulación indebida de fondos por parte de la acusada, quien ejercía control exclusivo sobre las cuentas del AMPA y desvió recursos para su beneficio personal.
Argumentos presentados por la defensa
En cuanto a los argumentos presentados por la defensa en el recurso, incluyendo la supuesta existencia de errores en la determinación de los hechos y la falta de intención dolosa, el tribunal realizó un exhaustivo análisis, reafirmando la validez de los hechos probados en la sentencia original. Se subrayó que no todos los cheques mencionados fueron emitidos en beneficio personal de la acusada y que su responsabilidad en la gestión fraudulenta de los fondos quedó claramente demostrada.
Atenuantes por reparación del daño y confesión
Respecto a las posibles atenuantes por reparación del daño y confesión, el tribunal concluyó que las acciones de reparación emprendidas por la acusada, una vez descubierta su conducta fraudulenta, no eran suficientes para considerar la atenuante de manera muy cualificada. Igualmente, se determinó que la confesión de la acusada no cumplía con los criterios necesarios para su consideración favorable, al no ser voluntaria ni veraz y haberse producido después de la revelación del fraude.
Fallo de la sentencia
En consecuencia, el recurso de apelación fue desestimado, manteniéndose la condena inicial y aplicándose las costas del proceso de apelación de oficio. La decisión del TSJ de Aragón permite un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, dejando abierta la posibilidad de una revisión final de la sentencia.
