Supremo obliga a entregar código BOSCO

El Tribunal Supremo, (rec. casación 7878/2024), ha condenado a la Administración, obligándola a proporcionar a la Fundación Ciudadana Civio acceso al código fuente de la aplicación informática conocida como BOSCO. Esta herramienta fue desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de permitir a las comercializadoras de energía eléctrica verificar si los solicitantes cumplen con los requisitos legales establecidos para el bono social eléctrico.

Contexto normativo

La cuestión que abordó el alto tribunal se centró en la legalidad de la entrega del código fuente, en virtud de la Ley 19/2013, que regula la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno. El análisis se fundamentó también en el artículo 105.b) de la Constitución Española y en el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagran el derecho de acceso a la información como un componente esencial en un Estado democrático.

Doctrina jurisprudencial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció tres principios fundamentales:

• El acceso a la información pública se considera un derecho subjetivo que puede ser exigido frente a las Administraciones.
• La implementación de sistemas automatizados en la gestión de derechos sociales requiere una mayor transparencia, lo que puede incluir el acceso a los algoritmos y su código fuente.
• La Fundación Civio tiene el derecho de conocer el funcionamiento interno de la aplicación BOSCO para asegurar que sus operaciones se ajustan al marco normativo vigente.

Revocación de resoluciones previas

La sentencia del Tribunal Supremo anula las decisiones previas de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, así como la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Como resultado, se estima el recurso interpuesto por la Fundación Civio, reconociendo su derecho a acceder al código fuente y obligando a la Administración del Estado a proporcionarlo.

Relevancia de la decisión

Esta resolución refuerza la transparencia en la actuación administrativa, especialmente en el contexto de sistemas tecnológicos que impactan el reconocimiento de derechos sociales. La doctrina establecida por el Tribunal Supremo sentará un precedente en el control ciudadano sobre los algoritmos públicos, promoviendo un estándar de apertura en la gestión de prestaciones sociales.