Justicia sanciona fraude corporativo: condena de prisión y multa a directiva financiera
Sentencia por malversación de fondos
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado una condena de dos años de prisión a una directora financiera que desvió un total de 154.536 euros de la empresa frutal en la que trabajaba. Esta resolución judicial es el resultado de un acuerdo de conformidad entre las partes implicadas y establece que la acusada es culpable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso con un delito de estafa agravada.
Transferencias fraudulentas a cuentas personales
Entre junio de 2017 y junio de 2019, la acusada realizó 41 transferencias bancarias que totalizan 114.774 euros, las cuales fueron dirigidas a cuentas de su propiedad y a cuentas conjuntas con su esposo. Estas transferencias fueron presentadas como pagos a la Agencia Tributaria, pero se ejecutaron sin el conocimiento de la empresa y bajo la apariencia de gestiones fiscales ordinarias.
Emisión de cheques falsificados
Además, entre octubre de 2018 y junio de 2019, la condenada emitió 50 cheques y pagarés al portador, utilizando una firma falsificada del administrador de la empresa. Esto le permitió cobrar dichos documentos en su propio beneficio. Cuando el banco identificó irregularidades, solicitó explicaciones a la acusada, quien respondió enviando correos electrónicos con justificantes falsos de pagos a Hacienda, así como una carta falsa del administrador.
Auditoría que descubrió el fraude
La empresa había observado previamente ciertas irregularidades en el desempeño de la directora financiera, lo que llevó a que esta solicitara su baja voluntaria. Sin embargo, en mayo de 2019, una auditoría interna reveló desajustes contables y fiscales que confirmaron el desfalco. Este informe fue fundamental para el inicio del procedimiento penal en su contra.
Repercusiones legales de la sentencia
La sentencia no solo impone a la acusada la pena de prisión, sino también el pago de una multa de 1.620 euros y la obligación de indemnizar a la empresa con la cantidad defraudada, más los intereses correspondientes.