Decisiones automatizadas: las empresas deberán dar explicaciones
Decisiones automatizadas y protección de datos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia clave sobre la transparencia en las decisiones automatizadas basadas en datos personales. El caso se originó cuando a un usuario se le denegó un servicio telefónico debido a una puntuación de solvencia calculada sin intervención humana. Esto planteó una cuestión crucial: ¿hasta qué punto las empresas deben revelar el funcionamiento de estos sistemas?
Derecho a una explicación clara y comprensible
El TJUE ha determinado que cualquier persona afectada por una decisión automatizada tiene derecho a conocer:
· Cómo se calculó su puntuación de solvencia.
· Qué criterios se utilizaron en el análisis.
· Qué datos personales fueron procesados.
No basta con indicar un número o mencionar factores generales como “criterios sociodemográficos”. La explicación debe ser detallada e inteligible, permitiendo al usuario entender las razones detrás de la decisión.
Garantía de transparencia y control
El fallo del TJUE no solo protege la información del usuario, sino que le otorga herramientas para:
· Impugnar la decisión si la considera injusta o errónea.
· Corregir inexactitudes en los datos utilizados para evaluarlo.
Este derecho de acceso refuerza la transparencia y permite a los ciudadanos defenderse frente a decisiones que pueden afectar su acceso a servicios esenciales.
Secreto empresarial vs. derecho a la información
Las empresas pueden alegar la necesidad de proteger su know-how o secretos comerciales. Sin embargo, el TJUE deja claro que este argumento no puede utilizarse para negar completamente la información al usuario. En caso de conflicto, las autoridades o los tribunales deberán decidir qué datos son esenciales para garantizar la transparencia sin comprometer información sensible.
Impacto en múltiples sectores
Esta sentencia no solo afecta al sector financiero, sino también a cualquier ámbito donde las decisiones automatizadas influyan en las personas, como:
· Préstamos y créditos.
· Seguros y tarifas personalizadas.
· Contratación de servicios y empleo.
Cualquier persona afectada podrá exigir explicaciones claras sobre cómo se tomaron estas decisiones y con qué finalidad.
Conclusión: Un paso hacia una mayor transparencia
El TJUE refuerza la protección de los ciudadanos en un mundo cada vez más digitalizado. Gracias a esta decisión, se garantiza que los usuarios tengan el derecho de conocer y controlar cómo se utilizan sus datos en decisiones automatizadas, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
