El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena impuesta a dos administradores de una empresa de reformas, quienes fueron hallados culpables de estafar a seis clientes. Esta decisión judicial no solo confirma la pena de prisión de cuatro años y seis meses, sino que también establece la obligación de indemnizar a las víctimas con un total de 85.824,46 euros, además de una multa de diez meses con una cuota diaria de seis euros para cada uno de los condenados.

Una estrategia fraudulenta bien definida

La Audiencia Provincial de León, en su fallo inicial, detalló la metodología utilizada por los condenados para llevar a cabo su estafa. Los administradores promocionaban su empresa en diversas plataformas digitales, creando una imagen de solvencia que no correspondía a la realidad. Utilizaban redes sociales para atraer a potenciales clientes, ofreciendo servicios de remodelación que nunca tenían la intención de completar.

Para aumentar su credibilidad, enviaban empleados a realizar inspecciones en los inmuebles y a elaborar presupuestos detallados. Una vez que los clientes aceptaban las condiciones propuestas, se firmaba un contrato y se efectuaba un primer pago. Sin embargo, tras iniciar las obras de forma mínima, los acusados exigían nuevos pagos bajo el pretexto de cubrir costos de materiales o mano de obra. Después de recibir estos desembolsos adicionales, abandonaban los trabajos sin previo aviso y dejaban de comunicarse con los clientes.

Fundamentos de la resolución del TSJCyL

El TSJCyL ha determinado que la sentencia de la Audiencia Provincial está debidamente sustentada por pruebas suficientes y que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. En su resolución, el tribunal señala que los informes periciales presentados evidencian que las obras quedaron inconclusas y que las sumas pagadas no se destinaron a los trabajos acordados.

Los magistrados concluyen que el fallo de primera instancia se ajusta a derecho, dado que se ha demostrado la intención fraudulenta de los condenados y el daño económico ocasionado a las víctimas. Las pruebas aportadas por la defensa no lograron desvirtuar las evidencias presentadas por los afectados.

Consecuencias legales y protección de consumidores

Esta sentencia refuerza la responsabilidad penal en casos de estafa dentro del sector de la construcción, subrayando la obligación de las empresas de reformas de cumplir con los contratos firmados. Además, establece un precedente importante para la protección de los consumidores frente a prácticas fraudulentas.

Las víctimas de fraudes de esta índole disponen de mecanismos legales para reclamar sus derechos y exigir compensaciones por los daños sufridos.