El Real Decreto-ley 9/2024, que fue publicado el 23 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece una serie de medidas urgentes que abarcan los ámbitos económico, tributario, de transporte y de Seguridad Social. Este decreto también prorroga diversas iniciativas destinadas a abordar situaciones de vulnerabilidad social en España. La normativa se presenta como una respuesta a las múltiples crisis que ha enfrentado el país desde 2022, incluyendo la guerra en Ucrania, la pandemia de COVID-19 y fenómenos naturales como la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Contexto y antecedentes de las medidas económicas y sociales

Desde principios de 2022, España ha implementado un total de ocho paquetes de medidas diseñadas para mitigar los efectos negativos de la guerra en Ucrania, la pandemia y desastres naturales. Estas acciones han incluido desde la regulación de precios energéticos hasta el apoyo a sectores y grupos vulnerables, adaptándose de manera continua a la evolución de la situación económica y social del país.

Prórroga del régimen de inversiones extranjeras y fortalecimiento del FIEM

El Real Decreto-ley 9/2024 extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de la liberalización de inversiones extranjeras en sectores estratégicos. Esta medida, que se inició en 2020, tiene como objetivo proteger la economía nacional frente a posibles riesgos de seguridad. Además, se incrementa la dotación del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) a 120.000 millones de euros, lo que facilitará refinanciaciones y ayudas no reembolsables para fomentar la internacionalización de las empresas.

Iniciativas tributarias para fomentar la sostenibilidad energética

En el ámbito tributario, se amplían las deducciones por eficiencia energética en viviendas y la compra de vehículos eléctricos. Asimismo, se prorrogan regímenes simplificados para trabajadores autónomos y se ajustan las medidas relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. Estas acciones tienen como objetivo mejorar la competitividad y promover la sostenibilidad energética en el país.

Impulso a la movilidad sostenible en el transporte terrestre

El decreto-ley actualiza y amplía las ayudas directas al transporte público, tanto urbano como interurbano, fomentando la movilidad sostenible mediante descuentos en títulos multiviaje y la implementación de nuevos sistemas de bonificación. También se introducen incentivos para la compra de bicicletas de pedaleo asistido y se fortalecen los servicios de préstamo de bicicletas públicas, con el fin de reducir el uso del vehículo privado y apoyar la descarbonización del transporte.

Medidas de Seguridad Social para garantizar la estabilidad económica

En el ámbito de la Seguridad Social, se asegura la revalorización de pensiones en 2025 para mantener su poder adquisitivo. Se actualiza la base máxima de cotización y se introducen nuevas disposiciones para mejorar la protección social de los trabajadores afectados por eventos como la DANA. Además, se prorrogan medidas que evitan despidos en empresas que reciben ayudas y se extiende la vigencia del salario mínimo interprofesional hasta su actualización mediante diálogo social.

Apoyo reforzado a colectivos vulnerables

El Real Decreto-ley 9/2024 refuerza las medidas de protección en materia de vivienda, extendiendo la suspensión de desahucios y facilitando la reconstrucción económica en zonas que han sido afectadas por desastres naturales. También se incrementan las ayudas para garantizar el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, y se prorrogan los descuentos del bono social para mitigar la crisis energética.

Disposiciones adicionales y mecanismos de implementación

El decreto-ley incluye varias disposiciones adicionales que aseguran la correcta implementación de las medidas, estableciendo mecanismos de financiación para empresas afectadas por desastres naturales y agilizando los procesos administrativos para mejorar la eficiencia en la entrega de ayudas. Además, se realizan modificaciones legislativas en leyes relacionadas con la protección social, los servicios digitales y el servicio postal universal, con el fin de alinearlas con los nuevos objetivos del decreto.