El TJUE mantiene la obligación de los asesores fiscales de denunciar ante Hacienda sobre las posibles prácticas abusivas que realicen sus clientes. Asunto C-623/22.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los asesores fiscales deberán denunciar a sus clientes cuando tengan conocimiento de prácticas potencialmente abusivas que puedan derivar en la evasión fiscal. Esta obligación no se extiende a los abogados, quienes continúan protegidos por el secreto profesional. La resolución surge a raíz de una cuestión prejudicial elevada por un tribunal belga, donde se planteaba la validez de la Directiva 2011/16 (modificada por la Directiva DAC 6), que impone a los intermediarios fiscales la obligación de informar a las autoridades tributarias sobre operaciones potencialmente agresivas.

El fallo afecta a los asesores fiscales, quienes, al no estar amparados por el secreto profesional, deben notificar a la Administración Tributaria sobre los actos irregulares que puedan detectar en el desempeño de su actividad. Esta obligación incluye la transmisión de datos de identificación de los clientes implicados, así como detalles sobre las operaciones sospechosas. Con ello, se pretende fortalecer el control y la prevención de la evasión fiscal en la Unión Europea.

Exclusión de los abogados bajo el amparo del secreto profesional

La exclusión de los abogados de esta obligación de denuncia ya había sido anticipada por una decisión de diciembre de 2022. En ese momento, el Tribunal determinó que los abogados no estaban sujetos a la obligación de informar debido a la protección específica que brinda el secreto profesional, esencial para garantizar la defensa y representación legal en una sociedad democrática.

El fallo explica que el secreto profesional permite a los clientes comunicarse libremente con su abogado y recibir el asesoramiento jurídico más adecuado sin temor a posibles repercusiones legales derivadas de sus declaraciones. Esta protección está justificada por el papel fundamental que desempeñan los abogados en el sistema judicial y su contribución a la defensa de los derechos individuales.

La cuestión prejudicial planteada ante el TJUE

El origen del caso se remonta a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal belga, a raíz de un recurso interpuesto por la Asociación Belga de Abogados Fiscalistas. La asociación cuestionaba la validez del artículo 8 bis ter, apartado 5, de la Directiva 2011/16, que establece la obligación de los asesores fiscales de comunicar a las autoridades prácticas potencialmente abusivas. El recurso señalaba que esta obligación vulnera derechos fundamentales, especialmente en relación con la protección de la vida privada y el secreto profesional.

El tribunal belga solicitó una aclaración por parte del TJUE respecto a la aplicabilidad de la Directiva DAC 6 y si la obligación de informar debía extenderse también a los abogados y a los intermediarios y asesores fiscales. El TJUE ha confirmado ahora que la protección del secreto profesional se aplica exclusivamente a los abogados, mientras que otros profesionales, como asesores fiscales, contables o economistas, no gozan de esta misma protección.

Justificación: lucha contra la evasión fiscal como objetivo de interés general

En su fallo, el TJUE argumenta que la obligación de los asesores fiscales de comunicar las prácticas potencialmente abusivas responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión Europea: la lucha contra la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva. Los magistrados consideran que esta obligación es una medida necesaria para prevenir el riesgo de elusión y evasión fiscal, y destacan que no existen medios menos invasivos para lograr el mismo fin.

El Tribunal ha ponderado el derecho fundamental al respeto de la vida privada frente al interés general en la lucha contra la evasión fiscal. La conclusión es que el sistema de comunicación de información impuesto por la Directiva 2011/16 es un mecanismo eficaz para dotar a los Estados miembros de herramientas más rápidas y efectivas ante las operaciones fiscales de riesgo. Este equilibrio permite justificar una limitación al ejercicio de ciertos derechos en favor de la prevención de la evasión.

 En este sentido, la normativa solo reconoce la protección del secreto profesional para los abogados, y cualquier intento de ampliar esta protección a otras profesiones podría debilitar los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la evasión fiscal.

Obligaciones para los ciudadanos en general

Además de los asesores fiscales, la Directiva DAC 6 establece que los ciudadanos europeos también tienen la obligación de informar a las autoridades tributarias sobre cualquier mecanismo transfronterizo del que tengan conocimiento y que pueda considerarse como una práctica fiscal agresiva. Este sistema busca involucrar a todas las partes en la lucha contra la elusión fiscal, dotando a los Estados miembros de una mayor capacidad de reacción ante las operaciones sospechosas.

La normativa europea pretende así reforzar los mecanismos de control y vigilancia, permitiendo a las autoridades fiscales actuar con mayor rapidez y eficacia para prevenir el fraude y la evasión fiscal, objetivos que se consideran fundamentales en el contexto actual de cooperación internacional en materia fiscal.